Alianza Basura Cero Chile, conformada por 18 organizaciones de base, universidades y fundaciones a nivel nacional, más 11 organizaciones ambientales de regiones del país, entregan declaración a Ministra de Medio Ambiente Carolina Schmidt ante la propuesta de modificación al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

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DECLARACIÓN DE LA ALIANZA BASURA CERO CHILE ANTE PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN AL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

30 de Agosto 2018 (Valparaíso, Región Metropolitana, Temuco, Concepción). La Alianza Basura Cero Chile, compuesta por 18 organizaciones de base, universidades y fundaciones a nivel nacional, que promueve la estrategia Basura Cero en el país como mecanismo de gestión de los residuos con participación de la comunidad como piedra angular, manifiesta su profunda preocupación por las propuestas de modificación al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental entregada al Consejo de Ministros el pasado 4 de Junio.

A partir de la información disponible, vemos cómo estas modificaciones solo profundizarían los problemas del SEIA, ya que otorga facilidades preferenciales a los inversionistas, debilitando al mismo tiempo el proceso de participación ciudadana, fundamental para resguardar el cuidado del entorno y la salud de las comunidades donde se emplazan los proyectos. ¿No debiera ser ése el espíritu primordial de cualquier instrumento del Estado, a la luz de la mismísima Constitución: velar prioritariamente por el bien común y el cuidado de nuestro patrimonio natural y cultural?

La ley actual y las instituciones que la implementan son precarias, insuficientes y no aseguran los resguardos señalados (ej. zonas de sacrificio), pero han sido hasta hoy un piso básico desde donde intentamos avanzar. La propuesta de modificación a la ley ambiental agiliza y flexibiliza los procedimientos legales asociados a la aprobación de proyectos, una demanda muy sentida por el mundo empresarial en detrimento de la participación ciudadana. En este contexto, como actores sociales nos oponemos a esta maniobra del gobierno, pues solo agravará los problemas y limitaciones ya existentes
en el sistema.

Nos preocupan diversos puntos de la propuesta:

• La falta de visión y sentido común al suponer que centralizar los procesos de evaluación, alejándolos de los territorios a través de la creación de Direcciones y Comisiones Macrozonales, mejorará los resultados de los procesos. Es precisamente la vinculación y conocimiento de las zonas potencialmente afectadas lo que permite construir argumentos sólidos a quienes evalúan las propuestas.
• La profundización de las deficiencias existentes hoy en el sistema de participación ciudadana anticipada: entre otras cosas, no garantiza que se consideren las opiniones divergentes, y sin embargo, de ese proceso saldrán los “Términos de Referencia Ambientales” que supuestamente darán sustento a los EIA.
• En cuanto al proceso de Participación Ciudadana, se suma más trabas al ya poco informado y engorroso sistema existente hoy: los plazos para generar observaciones ciudadanas se acortan de 60 a 30 días en el EIA y según se entiende en la modificación del Artículo 14, serán sólo observaciones electrónicas.
• Los recursos de reclamación que pueden presentar personas o grupos que han realizado observaciones ciudadanas en contra de las Resoluciones de Calificación Ambiental, tendrán que ser presentados a través de un escrito presentado por un abogado en el Tribunal Ambiental correspondiente a la macrozona que apruebe un proyecto, y ya no podrán ser vía carta simple al Director nacional del SEA en el caso de los EIA o al Director Regional en caso de las DIA, dificultando aún más el proceso de participación.

Igualmente preocupante es la decisión de eliminar el Departamento de Evaluación del Medio Humano, participación ciudadana y consulta indígena dentro de la Dirección Central del SEA: esto no es más que dar la espalda a las comunidades, las características y necesidades de los territorios que habitan y la falta de visión respecto de las expectativas, reacciones y resistencias que la ausencia de procesos democráticos y participativos provocará.

Desde el ámbito de nuestro trabajo, la participación de la comunidad en la toma de decisiones sobre la gestión y destino de los residuos es fundamental para el éxito de cualquier plan. Sin embargo, la tendencia histórica en nuestro país ha sido el de centralizar las “soluciones”, comprando las consultorías que repiten las mismas estrategias que no nos han llevado a una solución de largo plazo, sino solo a un buen negocio para los proponentes: rellenos sanitarios, y en los últimos años diversos intentos de vender propuestas de incineración. Nos preocupa profundamente que los mecanismos que hasta hoy han permitido con mucha dificultad detener propuestas insustentables en este ámbito, hoy se vean debilitados. Rechazamos de manera tajante que esta reforma termine de convertir la evaluación ambiental en un trámite facilitador y legitimador de las iniciativas privadas y estatales prescindiendo de procesos democráticos e inclusivos de los habitantes, en el marco de un modelo extractivista y carente de justicia ambiental, que es precisamente lo que desde nuestras acciones por basura cero intentamos combatir, a través de la promoción de iniciativas sostenibles de aprovechamiento y recirculación de los recursos en un contexto de armonía con la naturaleza y con nosotros mismos.

Elevamos esta carta para su consideración como organizaciones ciudadanas que defendemos la democracia no solo en la elección de representantes sino que en todas las decisiones que toma el Estado y que afectan a la ciudadanía, y que defendemos nuestros territorios y la naturaleza para su uso sustentable por las actuales y futuras generaciones.

Atentamente,

Alianza Basura Cero Chile

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